El análisis de las pruebas realizado por los científicos del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT) y el CGIAR concluye que los riesgos científicos de la edición genética son similares a los del mejoramiento tradicional: todas las nuevas variedades, independientemente de cómo se desarrollen, deben ser probadas para comprobar su rendimiento agronómico en una serie de entornos.
Los riesgos sociales consisten principalmente en que estas potentes tecnologías pueden resultar inaccesibles para los cultivos y los agricultores menos comerciales si la propiedad intelectual y las políticas reguladoras hacen que sean caras o difíciles de utilizar.
La edición genética ha demostrado su potencial para contribuir a la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y el valor añadido para agricultores y consumidores.
Muchos países siguen sin saber si deben cultivar, o si deben regular, las variedades de cultivos editados genéticamente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que los cultivos editados genéticamente deben considerarse transgénicos en la UE a efectos de regulación, una decisión que podría limitar su uso en África. Por otra parte, varios países, como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Kenia, Nigeria, Israel, India y Japón, han determinado que los cultivos editados genéticamente no deben ser regulados como transgénicos si no contienen ADN extraño.
Las políticas deben permitir la elección y evitar el riesgo de que las tecnologías de edición genética para los cultivos beneficien sólo a quienes puedan pagar un precio superior. Los pequeños agricultores deben tener igualdad de acceso a las tecnologías avanzadas, si desean utilizarlas, así como información pertinente y objetiva sobre su valor y cómo utilizarlas.
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